En poco tiempo comenzará toda una revolución en el sector del agro colombiano. Los productores pasarán de recibir asistencia técnica convencional a contar con un acompañamiento que, además de científico, es de carácter social.
Tal cambio se debe a la ejecución de la Ley 1876 de diciembre del 2017, con la que se dio origen al Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), que derogó a la Ley 607 de 2000, de asistencia técnica.
La novedad de esta normativa es la creación de tres subsistemas: de investigación y desarrollo tecnológico, de formación y capacitación, además de extensión agropecuaria.
Y aunque todos son relevantes, el último, en particular, traerá cambios representativos que impactarán a pequeños, medianos y grandes productores del país.
Desde este año se dejará de hablar de la prestación de asistencia técnica a los campesinos para hablar del servicio de extensión agropecuaria, que va más allá del acompañamiento técnico a quienes laboran en zonas rurales.
Ahora, se les va a prestar atención en cinco enfoques distintos: desarrollo del capital humano (mejora de habilidades), desarrollo del capital social (promoción de la asociatividad), acceso y acompañamiento (adaptación de tecnologías), gestión sostenible de los recursos naturales (uso eficiente del suelo) y participación de los productores (espacios en la política pública).
Para tal fin, los productores tendrán que realizar un registro ante la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Aunque, en comparación con lo que se hacía con la prestación de asistencia técnica, no serán las Epsagro –empresas prestadoras de servicio de asistencia técnica– quienes acudan a las veredas a realizar tales registros.
“Los productores tendrán que ir a los municipios a registrarse. A través de un cuestionario en una plataforma tecnológica se verificará cuáles son las falencias en los cinco enfoques que abarca la extensión agropecuaria”, explicó el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Con base en los resultados arrojados en la aplicación, serán los municipios los que, en el marco del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA), formulen planes de acompañamiento a los productores.
Cabe mencionar que a nivel local –municipios– habrá espacios de diálogo y concertación con las comunidades para formular y trazar de manera conjunta el plan de extensión agropecuaria. Además, en el Consejo Nacional del SNIA habrá cinco representantes de productores agropecuarios: de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), de las organizaciones comunitarias, de las comunidades indígenas, de las comunidades afro y de la mujer rural.
“Lo que se busca con este tipo de instancias es involucrar a todos los actores sociales en el tema del agro colombiano”, afirmó Claudia Jimena Cuervo, viceministra de Desarrollo Rural. Y añadió:“La ley responde al punto 1 de la Reforma Rural Integral del Acuerdo Paz, que indica que se debe prestar un servicio de asistencia integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación”.
Prestadores del servicio
Los municipios serán los encargados de formular el plan de extensión agropecuaria, pero las Empresas Prestadoras de Servicio de Extensión Agropecuaria –Epsea– se encargarán de ejecutarlo.
Las Epsea podrán ser Umatas, Centros Providenciales de Gestión Agro-empresarial, gremios agropecuarios, empresas privadas, asociaciones de profesionales, universidades, agencias de desarrollo local y entidades sin ánimo de lucro, entre otros.
Para aspirar a ser una Epsea se debe hacer el respectivo trámite con la Agencia de Desarrollo Rural, que tendrá en cuenta aspectos como: idoneidad para la prestación del servicio, experiencia en el agro, capacidad financiera y jurídica, entre otros.
Renovación con fondo
Con el SNIA se creará el Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria, de donde saldrán los recursos para la prestación de atención a productores. Sin embargo, a este fondo entrará presupuesto del Gobierno Nacional, de Cooperación Internacional y donaciones, entre otras.
Los cinco enfoques de la extensión
